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Las empresas eléctricas en España |
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Escrito por Juan Viera Benítez
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Martes, 31 de Enero de 2012 21:37 |
 El sector público en nuestro país nace en 1941 con la
creación del Instituto Nacional de Industria (INI); no obstante,
durante la dictadura de Primo de Rivera existen ya algunas empresas
públicas. El marco en el que funcionaba la economía española durante la
dictadura franquista, era de un fuerte proteccionismo y escasa
competencia, en estas condiciones el sector público empresarial cuya
actividad se extendía a la siderurgia, a lo naval (astilleros), a las
telecomunicaciones y a la energía se desenvolvía relativamente bien.
El INI fue uno de los ejes en los que se apoyó la política autárquica
durante la dictadura, si bien como consecuencia de las crisis para
paliar sus efectos derivó más hacia un comportamiento de hospital de
empresas.
Antes de la crisis del petróleo del año 73, todas las empresas de
energía buscaban un tamaño suficiente para abordar sus proyectos de
inversión en las mejores condiciones posibles. Muchas de las empresas
gasistas, eléctricas y petroleras de esta época eran de propiedad
pública y casi todas configuraban unos sectores energéticos de ámbito
nacional, con estructura monopolística u oligopolística. En esta
época los gobiernos regulaban su funcionamiento mediante el
establecimiento de tarifas. El nivel de las tarifas se fijaba con
criterios políticos, debía mantener un adecuado equilibrio entre los
intereses de los consumidores y el de los accionistas. Las crisis del
petróleo de finales de los 70 y principio de los 80 condujo a la
liberalización de los precios del petróleo y a la consolidación de la
Organización de los Países Productores de Petróleo(OPEP) como “cártel
de oferta” en una economía global. El coste de la
energía pasó a ser una prioridad en la agenda política,
surgiendo como respuesta nuevas formas de regulación más preocupadas
por los incentivos a la eficiencia que por la estricta cobertura de los
costes incurridos. Esta nueva forma de regulación, consistía en un
mecanismo de control de precios que incentivaba la eficiencia de las
empresas con el objetivo último de minimizar el precio de la energía
para los consumidores finales.
A finales de los 80, comenzaron los procesos de liberalización del
sector eléctrico en Europa. El Reino Unido, al privatizar el sector
eléctrico fragmentó las empresas que eran públicas para alcanzar, ya
desde el primer momento de la liberalización, una estructura del
mercado de generación que se consideraba más adecuada para fomentar la
rivalidad entre empresas y posibilitar el buen funcionamiento del
mercado. Por su parte, los países nórdicos contaban con una estructura
muy descentralizada, donde gran parte de la producción provenía de
centrales hidráulicas de tamaño pequeño y mediano y propietarios
diferentes.
En nuestro país la incorporación a la Comunidad Económica Europea
impulsó un proceso de liberalización económica con el fin de lograr una
mayor competencia en los mercados de producción. En este contexto, los
sucesivos gobiernos asumieron desde esta fecha un proceso de
privatización de los tres grupos públicos empresariales existentes en
España: Instituto Nacional de Industria (INI), Patrimonio e Instituto
Nacional de Hidrocarburos (INH).
Hay que destacar que en la primera etapa del proceso de privatizaciones
bajo gobiernos del partido socialista, de 1985 a 1992, se procede más
que a las privatizaciones en sí a una reestructuración
de todo el sector público empresarial español. El proceso de
privatización se concentró, especialmente, en las empresas de
producción de bienes y servicios. Comenzó en 1985 aunque su intensidad
se acrecienta a partir de 1992, para alcanzar su grado máximo entre
1997 y 2000.
Como ya hemos indicado en la primera fase del proceso que tiene lugar
entre 1985-1992 se reorganizaron sectores productivos enteros,
fusionando numerosas empresas, con el objetivo político explícito de
constituir empresas o grupos sectoriales dinámicos y competitivos a
escala internacional, sobre todo en aluminio, siderurgia, industrias
agro-alimentarias, petróleo, banca, electrónica y electricidad. La idea
del gobierno era que tales grupos empresariales continuasen como
Empresas Públicas y aportasen financiación al presupuesto estatal. En
el caso de las eléctricas las acciones de todas ellas fueron adscritas
al patrimonio de la más importante, ENDESA, pasando ésta a ocupar una
posición de dominio en el sector eléctrico español. Algo parecido se
llevó a cabo con los diferentes bancos públicos que fueron fusionados
en una nueva sociedad creada al efecto en 1991, ARGENTARIA.
La victoria electoral del Partido Popular en 1996 estuvo seguida de la
aprobación del Plan de Modernización del Sector Público Empresarial
cuya aplicación significó la venta de prácticamente el resto del sector
público empresarial. Los nombres más conocidos se corresponden con las
empresas más grandes que tenían resultados muy positivos en su etapa
pública y, de las que se han obtenido ingresos más elevados con su
privatización: ENDESA, Telefónica, REPSOL, Gas Natural, Argentaria e
IBERIA.
Ya desde el comienzo de los procesos de liberalización se planteó que
algunas de las actividades de las compañías tradicionales de suministro
eléctrico y de gas debían continuar siendo reguladas y controladas
directamente por el Estado. Efectivamente, la explotación de las redes
físicas de cables y gasoductos está sujeta a significativas economías
de escala, lo que hace que las mismas tengan carácter de monopolio
natural; la presencia pública se convierte en un instrumento
insustituible en estas actividades puesto que se requieren importantes
inversiones iniciales y las dimensiones hacen ineficiente la existencia
de más de una empresa o infraestructura (red eléctrica de alta tensión,
infraestructuras de carreteras, ferroviarias o de telecomunicaciones).
Así, las empresas de redes, es decir, aquellas de las que dependía el
transporte y la distribución desde los centros en donde se genera la
energía eléctrica hasta los centros de consumo, ni podían ni debían
competir en el mercado. De hecho, es difícil imaginar un sistema
económico eficiente en el que el transporte y la distribución de
electricidad se pudiera llevar a cabo sobre diferentes redes en
competencia.
Las modificaciones de las condiciones técnicas para generar energía
eléctrica que tienen lugar durante estos años son utilizadas por la
Unión Europea para justificar y obtener el consenso social y político
necesario para poner en marcha el proceso de liberalización de la
energía. Un motor de cambio importante en la naturaleza económica de
las actividades eléctricas fueron las espectaculares reducciones en los
tamaños óptimos de las centrales. La introducción de la tecnología de
generación de ciclo combinado (un doble ciclo, de gas natural y de
vapor), los descubrimientos de nuevos materiales, las turbinas
desarrolladas en los programas espaciales, y la caída drástica del
precio del gas natural al quedar liberalizada la producción y
eliminarse los obstáculos que hasta la fecha impedían el uso de este
combustible para la generación de electricidad, dieron paso a una nueva
forma de concebir la producción eléctrica.
A mediados de los 90 la Unión Europea hace suyo el objetivo de crear un
mercado único de la energía y publica las primeras Directivas para la
liberalización del sector eléctrico y gasista. La idea era clara había
que avanzar hacia una mayor eficacia en la organización y gestión de
las empresas con el fin de disminuir los precios de la electricidad y
así facilitar no sólo un mayor consumo, sino también más racional y
eficiente, y de paso aumentar los beneficios de las grandes compañías.
Las Directivas europeas proponen la separación jurídica de actividades
reguladas (transporte y distribución) y actividades en competencia
(generación y comercialización) y el libre acceso a las redes, pero no
modifican la estructura del mercado. Las estructuras empresariales que
provenían de los antiguos monopolios u oligopolios verticalmente
integrados no se alteraron en un primer momento (salvo en el Reino
Unido, donde, se realizó como paso previo a la privatización una
reforma estructural que incluyo la separación en empresas de redes y
generación).
Las grandes compañías eléctricas se han adaptado perfectamente a lo
establecido en las Directivas europeas. Han creado empresas separadas
dentro del mismo grupo empresarial pero manteniendo una estructura
integrada verticalmente con las que realizan las actividades reguladas
de transporte y distribución y las actividades en competencia
(generación y comercialización).
Durante el gobierno de Felipe González se dieron los primeros pasos
para la privatización de las empresas públicas que operaban en el
sector eléctrico. No obstante, es durante la presidencia de José María
Aznar, 5 de mayo de 1996 a 17 de abril de 2004, cuando se operó la
privatización real con nocturnidad y alevosía; se sacrificaron
importantes y rentables empresas públicas para ponerlas en manos
de importantes financieros que utilizaron las empresas privatizadas
para enriquecerse aún más a costa de bajar la calidad de los servicios
públicos. Muchas de las acciones privatizadoras de los gobiernos del PP
se hicieron a un precio “sensiblemente inferior” al establecido en
valoraciones independientes, e incluso se hicieron “ajustes que dieron
lugar a una importante minoración del precio señalado en los
respectivos contratos”. En 1985 existían 130 Empresas Públicas
propiedad del Estado, y alrededor de 850 indirectas (filiales y
subfiliales de las anteriores), además de las Empresas Públicas
propiedad de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. En este
momento restan tan solo unas cuantas de las empresas públicas estatales
y, en cambio han aumentado significativamente las autonómicas y locales.
Pocos ponen en duda que el proceso de liberalización y privatización
del sector público español aumentó el poder político y económico de la
oligarquía financiera española. Por llamarlo de alguna manera se puede
decir que las clases dominantes revitalizaron su poder dentro del
Estado español siendo capaces de influenciar poderosamente en todas las
decisiones políticas relacionadas con el sector energético y a su
vez, transmitir opiniones que han tenido y tienen que ver con quitar y
poner ministros. El Ministro de Industria, Joan Clos, explicó en un
momento determinado que su cese se había debido a causa de exigir a las
empresas eléctricas la devolución de 2500 millones de euros que habían
cobrado en exceso y porque les pidió unos 1000 millones de euros que
había pagado el estado por los derechos de emisión de gases.
El transporte de energía eléctrica desde los centros de generación
hasta los transformadores en las entradas de las poblaciones lo realiza
Red Eléctrica Española. Esta compañía, en un principio pública, también
fue privatizada, actualmente en manos del estado está el 20 % de las
acciones de la empresa. Según las opiniones de muchos expertos,
juristas y economistas, la privatización de Red Eléctrica Española que
fue gestionada en 1999 por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) se realizó con una gran “falta de claridad y
transparencia” siendo los grandes beneficiarios Iberdrola y Endesa.
De lo que no quedan dudas es que Aznar deshizo de un plumazo el
sector público que al momento entró en una espiral de especulación y de
falta de mantenimiento. Muchos de los fondos recibidos por las
compañías eléctricas como compensación por el proceso de privatización
se destinaron a la inversión y para la compra de eléctricas en
Latinoamérica. De lo anterior tenemos experiencias no muy lejanas en el
tiempo en Extremadura, con constantes cortes de suministro de luz en
periodos de elevado consumo y lo ocurrido en Cataluña hace pocos años,
en donde una nevada, puso al descubierto el abandono en el que
estaban las redes de transporte y distribución. Con el paso de los años
se ha llegado a una situación tal que un sector estratégico de estas
características tan importante para la economía del país está en manos
de empresas multinacionales con centros de poder fuera de España, como
es el caso de ENDESA que pertenece a la Multinacional Italiana, Enel.
Esta empresa que pertenece al Estado Italiano es dueña en un 90 % de
las acciones de Endesa.
Las empresas eléctricas están continuamente reclamando al Estado
español compensaciones porque las tarifas no cubren los costes del
proceso de suministro a los consumidores. En el año 1997, se promulgó
la Ley 54/1997 que liberalizaba el sector eléctrico español. De manera
inmediata a esta privatización el gobierno estableció lo que se
llamó el déficit tarifario, es decir, la diferencia entre los costes
del suministro eléctrico y lo recaudado por la venta. Como anécdota,
conviene saber que José María Aznar, fundador del déficit tarifario,
trabaja como asesor de la compañía Endesa, por lo que percibe un sueldo
que se acerca a los 200.000 euros al año. También el ex-presidente
Felipe González es consejero de Gas Natural-Fenosa. El déficit
tarifario español es un quebradero de cabeza para los diferentes
gobiernos que le van sucediendo. Para compensar este déficit que
valoran las propias compañías suministradoras, y evitar la subida de
las tarifas y controlar la inflación que ello generaría, se llegó
al acuerdo entre gobierno y las eléctricas, de que el Estado debía
abonar la diferencia. El Gobierno español, aprobó en abril del 2009 un
Real Decreto que concede a las compañías eléctricas un regalo de 10.000
millones de euros encubierto bajo el eufemismo de "déficit tarifario",
correspondiente a los ejercicios 2001 a 2008. Según datos de la
Comisión Nacional de la Energía, el desajuste entre los ingresos de los
recibos de la luz y el coste de la energía fue de 4.564,7 millones en
2010, lo que dejaba en aquél momento el déficit tarifario acumulado en
17.719 millones de euros. Las organizaciones empresariales del sector
de la electricidad valoran que el déficit acumulado que se arrastra por
el incremento de los costes de las actividades reguladas (transporte y
distribución), a finales de 2011 habrá superado los 28.800 millones de
euros, casi un 3% del PIB nacional. Así pues, los diferentes Gobiernos
han aumentado los impuestos y han recortado presupuestos vitales en
educación, sanidad, pensiones, especialmente en estos momentos, pero
regalan miles de millones de euros a compañías que afirman que tienen
déficit, pero cuyos presidentes y consejeros se autoasignan ingresos y
pensiones desorbitados con toda la inocencia del mundo.
El precio de la electricidad se establece en el mercado eléctrico
casando la oferta y la demanda. El sistema de fijación de precios de la
electricidad en nuestro país es increíblemente beneficioso para las
empresas. La oferta de electricidad está organizada de tal modo que en
el mercado entran en primer lugar la oferta de energía nuclear que no
puede variar su potencia, posteriormente acede la energía producida por
las renovables que entran por ley y las hidráulicas y por último, la
demanda de energía que falta se completa con las centrales de carbón y
de gas. El precio que se establece es el de las últimas que entran en
el mercado. Por tanto, al final todas las energías que se ponen en el
sistema se cobran al coste de la energía producida por el carbón o gas,
que es la energía más cara. Esto solo beneficia a las empresas
eléctricas y perjudica claramente a los consumidores. Valga como
ejemplo que la energía hidráulica producida en España proviene de
embalses que fueron construidos en la década de los cuarenta y
cincuenta del siglo pasado por el régimen franquista. Se dieron en
concesiones de 75 años de duración, no pagan por el uso del agua que es
un bien público y que se usa para beneficio privado. Las empresas
privadas eléctricas pagan al Estado por estas concesiones algo más de
20 millones de euros anuales. Algo similar pasa con las centrales
nucleares que están todas amortizadas y lo que obtienen es beneficio
puro. El gobierno de Angela Merkel ha suspendido la moratoria nuclear
que había en Alemania y ha permitido una prolongación de la vida de las
nucleares de diez años pero a cambio éstas tendrán que pagar unos 3.000
millones de euros anuales. Se ha calculado que si el gobierno español
impusiera un impuesto mínimo a las centrales hidroeléctricas por
megavatio producido, y si se cobrase otro a las centrales nucleares que
alarguen la vida útil como hacen en Alemania el estado dispondría de
ingresos que hubieran evitado algunas medidas económicas de reducción
del gasto público A pesar de todo, el hecho de que cada día haya más
renovables y en consecuencia su oferta sea mayor ha contribuido a
disminuir el precio de generación de la electricidad, pues en ciertos
momentos las renovables han cubierto toda la demanda eléctrica
desplazando a las fuentes más caras y consiguiendo un menor precio de
casación de oferta y demanda. No obstante, son los consumidores
industriales los que en mayor medida se han beneficiado de esa
reducción de los precios pagados por la electricidad. Pero esta
disminución que se produce en el coste de generación, las
comercializadoras de electricidad no la repercuten a los consumidores
porque éstos consumen electricidad al precio de una tarifa regulada
denominada la Tarifa del Último Recurso (TUR). Marcel Cordech, experto
energético del consejo asesor para el Desarrollo de la Sostenibilidad
de Catalunya, explica que el precio que según las eléctricas les cuesta
producir la energía eléctrica no tiene nada que ver con los costes de
haber producido esa energía. Dice que “este cálculo es ficticio,
porque si te crees el precio de la subasta en el que participan las
mismas empresas eléctricas con distintas filiales, si te crees el coste
de la energía que marcan las propias empresas. Necesitas creerte muchas
cosas”. En este mismo sentido se pronuncia Facua-Consumidores en Acción
que considera "obscenos" en épocas de crisis, los beneficios obtenidos
por las principales compañías eléctricas y los sueldos cobrados por sus
directivos. Así después de este panorama tan desolador, la preguntas
que nos hacemos los consumidores son ¿realmente existe ese déficit? y
¿cómo es posible que haya déficit, si cada año las empresas eléctricas
consiguen mayores beneficios. Al menos así se pone de manifiesto
después de que en el año 2010, Endesa informó a sus accionistas de unos
beneficios que superaban los 4000 millones de euros, mientras que
Iberdrola dio a conocer unos resultados positivos próximos a los 3000
millones de euros y Gas Natural Fenosa más de 1.200 millones.
Las compañías eléctricas tienen un enorme poder mediático que utilizan
para convencer al conjunto social y al poder político de que sus
intereses son los intereses de los ciudadanos y ciudadanas; insisten
una y otra vez a través de los medios de comunicación en sus exigencias
al gobierno del déficit de tarifa; en estos días están presionando para
conseguir la subida del precio de la luz. El hecho cierto es que el
pago de la factura de la luz supone esfuerzo enorme para la inmensa
mayoría de los ciudadanos, España está a la cabeza de los precios
de la electricidad para el usuario final en la Unión Europea. Estas
cosas nos hacen dudar de las continuas quejas de quienes hoy controlan
el mercado eléctrico español. En todo caso, tenemos que atenernos a lo
que dicen los expertos al respecto, ¿porqué las empresas eléctricas
europeas no tienen déficit de tarifa si tienen unos precios de la
electricidad más bajos que los nuestros?.
La conclusión a la que llegan muchos expertos tras analizar la fuerte
reducción de lo público en el sector eléctrico es que aquél proceso no
ha sido provechoso para la sociedad española. La privatización del
sector eléctrico lo que sí permitió fue una mayor concentración de la
riqueza en un número reducido de familias que ya estaban relacionadas
con el mundo de las finanzas. Este sector social muy minoritario, según
los entendidos no supera a las 1400 personas, tuvieron y siguen
teniendo un fácil acceso y una comunicación fluida con los poderes
políticos. Todo el proceso privatizador supuso una enorme acumulación
de capitales acompañado de un desplazamiento tremendo de las rentas del
trabajo hacia el capital. Otra cuestión interesante que mantienen
oculto los medios de comunicación y que se deriva de la pérdida de peso
del sector público en la economía nacional y que se vislumbra con
especial intensidad en estos momentos es que la venta de empresas
públicas debilitó la capacidad del Estado para influir en el sistema
económico nacional, para hacer frente a las bajas tasas de crecimiento
económico, a la crisis económica y al enorme desempleo que padecemos.
En la actualidad el comportamiento de las grandes compañías eléctricas
sigue las pautas establecidas por el propio sistema capitalista, están
aquí con nosotros no para servir a la sociedad sino para acumular
beneficios, para ganar dinero. El suministro de electricidad es un
instrumento para lucrarse. No obstante, para que sus planes se
cumplan tienen que asegurar una serie de condiciones económicas y
políticas. Así, sus lobbys políticos están operando en torno al poder
para prolongar peligrosamente la vida de sus centrales nucleares, por
lo que las presentan como necesarias. Pero hay una razón por la que las
empresas eléctricas titulares quieren alargar a toda costa la vida útil
de las centrales nucleares. En este momento todas las centrales
nucleares españolas son inversiones ya amortizadas. Todo lo que generan
es puro beneficio contable. Una central nuclear de 2.000 MW genera una
facturación neta diaria de casi 2 millones de euros.
Aunque intentan aparentar otra cosa, las apariencias engañan, están en
contra de un modelo energético con cierta descentralización, así
rechazan de plano ciertas energías renovables, aunque se interesan por
otras. Tanto Endesa como Gas Natural están en el sector de la energía
eólica. La energía eólica no ofrece un modelo descentralizado de
producción de energía eléctrica pues requiere altas inversiones que
están al alcance de pocos, sólo las grandes compañías pueden permitirse
la realización de inversiones de esa dimensión. Por supuesto, también
se han estado beneficiando de subvenciones públicas. No obstante, no
muestran una gran simpatía por esta energía. Menos aún por la energía
solar que es muy adecuada para la descentralización energética, no sólo
no entra en sus planes a pesar de que en España se dan unas condiciones
excelentes para ella sino que se la han cargado manejando el Ministerio
de Industria en el gobierno pasado. Cuando acababa de realizar este
trabajo el gobierno del PP suspendía todas las ayudas a las energías
renovables.
El Consejo de Ministros aprobó ayer, día 27 de Enero, paralizar
temporalmente la concesión de ayudas a la producción eléctrica de
energías renovables. Esto va a provocar un freno a la instalación de
nuevas plantas solares, eólicas, de biomasa y de cogeneración, dado que
las instalaciones que quieran comenzar a operar no recibirán dinero
público extra por sus kilovatios. Sin estas ayudas, actualmente las
cdentrales renovables no son rentables. Se calcula que en Extremadura
están previstas más de 670 centrales de energía renovable, con una
previsión de empleo que podría llegar a los 30.000 puestos de trabajo e
inversiones por valor de varios cientos de millones de euros. Según la
prensa regional de la fecha, entre otros, “EL Periódico de Extremadura,
informaba en sus páginas que “El impacto de la
medida en Extremadura puede ser muy negativo. El Gobierno regional, los
sindicatos y la patronal empresarial veían en la energía renovable un
sector estratégico para la economía regional, especialmente en el
ámbito del empleo, donde la comunidad autónoma afronta un drama social,
con 144.000 parados. Esa visión compartida se plasmó hace un año en el
Acuerdo para el desarrollo energético sostenible de Extremadura
2010-2020. El documento cifraba en casi 30.000 personas la mano de obra
necesaria para construir y mantener los proyectos renovables previstos
en Extremadura a lo largo de la actual década.
El cambio de modelo productivo necesario para este país y que se exige
desde los sectores más progresistas de la sociedad pasa por la
modernización de nuestro sistema energético lo que implica la
nacionalización del negocio eléctrico que actualmente controlan unas
pocas empresas y por el desarrollo de una producción eléctrica
descentralizada. La dependencia de la energía eléctrica que
tienen los diferentes sectores productivos y el consumo ciudadano
(doméstico) ponen en un primer plano de actualidad la necesidad de que
aquella sea un servicio público garantizado por el Estado.
La producción descentralizada de energía eléctrica irá creciendo con el
paso del tiempo, ya se lleva a cabo en múltiples tipos de instalaciones
y en las propias viviendas. Esta forma de generar energía eléctrica se
expandirá en la sociedad si se encuentran facilidades físicas para
acceder a las redes de distribución, y por supuesto, facilidades
económicas para su explotación. No tengo ninguna duda de que esto sólo
será posible si la generación, transporte y distribución de la energía
eléctrica está controlada por el Estado, de otro modo, pocas
oportunidades tendrá la producción descentralizada para sobrevivir ante
los intereses de las grandes empresas. La implantación de un modelo
energético de las características enunciadas contribuiría a la creación
de empleo, daría trabajo a desempleados procedentes del sector de la
construcción, y al desarrollo de un sector empresarial que tendría
muchas posibilidades de éxito fuera de nuestras fronteras, al mismo
tiempo que daría la posibilidad a que muchos jóvenes adquieran una
formación profesional que sería utilizable por otros países que están
más retrasados que nosotros en la producción de ciertas energías
renovables.
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