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El futuro Real Decreto afectará a la regulación de las primas y pre asignaciones a las energías renovables y hunde las expectativas del crecimiento económico de Extremadura |
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Escrito por PSOE Extremadura
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Miércoles, 15 de Febrero de 2012 22:03 |
La noticia sobre el nuevo futuro Real Decreto que
afectará a la regulación de las primas y preasignaciones a las energías
renovables que el gobierno central del partido popular va a llevar a
cabo, hunde las expectativas del crecimiento económico de Extremadura.
Las dramáticas consecuencias que tendrá sobre la economía productiva,
los ayuntamientos, las empresas del sector y los ciudadanos de la
región, vaticinan un mayor crecimiento del desempleo y una importante
bajada del producto interior bruto de la región.
Un decreto que parece redactado en los despachos de las grandes
compañías eléctricas, las grandes distribuidoras de este país, que
pretenden en base a dicho decreto favorecer el consumo eléctrico de
fuentes de energía no renovables como la energía nuclear, de la que son
estas distribuidoras exclusivos propietarios. El actual sistema de
generación de energía renovable propiciaba mayor competitividad en el
sector y diversificaba la titularidad de la producción energética en
cientos de nuevas empresas productoras.
Extremadura perderá a partir de la publicación de ese Real Decreto más
de 3.800 millones de euros de inversión, más de 3000 puestos de trabajo
directos, perderá el ingreso del 4 % del ICIO y el 2 % del canon
urbanístico del total de la inversión en las arcas de los
Ayuntamientos, el canon de alquiler a municipios y particulares o la
venta de los terrenos para esas instalaciones, y los contratos sobre
los proyectos a las ingenierías y las empresas del sector en la región.
El nuevo Real Decreto cierra la posibilidad a nuevas preasignaciones en
las tecnologías de fotovoltaicas, termosolar, biomasa y eólica, y
afecta de diferente manera a cada una de dichas tecnologías.
En energía eólica supone el cierre definitivo a la posibilidad de
instalación de energía eólica en Extremadura. Ni un solo parque eólico
se construirá en la región, ya que la mayoría de las empresas que
tenían en expectativas la preasignación en el registro, ya a día de
hoy, han roto los acuerdos con propietarios y municipios, así como con
las ingenierías que estaban elaborando dichos proyectos.
Brutal es también el mazazo a la biomasa, ya que en esta fuente de
energía renovable no se habían cubierto aún los cupos del año 2010.
Empresas líderes mundiales del sector que ya estaban trabajando en
Extremadura, cierran la posibilidad a los proyectos en tramitación con
este nuevo Real Decreto. El extraordinario potencial de biomasa en la
región y su impacto económico sobre las zonas rurales y la cohesión
territorial desaparece, dejando huérfana no solo la posibilidad de la
instalación de la industria, sino la de miles de hectáreas de cultivos
energéticos que ya se estaban cerrando en numerosos pueblos de
Extremadura. Hay que recordar que para el funcionamiento de estas
plantas muchas hectáreas que actualmente estaban en desuso en zonas
tabaqueras o de regadío garantizaban el cultivo energético durante 25
años.
En termosolar, están en riesgos los más de 60 proyectos termosolares
pendientes de entrar en el registro de preasignación. En principio el
futuro nuevo Real decreto no afecta a las 19 ya preasignadas, de las
cuales 5 no están todavía en construcción.
La energía fotovoltaica no se ve afectada prácticamente respecto al
anterior Decreto, ya que los cupos estaban totalmente cubiertos, pero
cercena expectativas a futuros proyectos de inversión.
Ante este panorama y tras las declaraciones del Ministro de Industria y
Energía en los medios de comunicación, el grupo parlamentario
socialista registró una propuesta de pronunciamiento exigiendo al
gobierno central que cumpla con los objetivos comprometidos en el
Acuerdo para el Desarrollo Energético de Extremadura incluido en el
pacto político y social de reformas para Extremadura.
Exigimos al gobierno de la Junta de Extremadura y al Sr. Monago, que
convoque urgentemente a los presidentes de los grupos parlamentarios y
a los agentes sociales y económicos de la región para liderar una
posición conjunta y única frente al gobierno de España para
salvaguardar el interés de Extremadura y de sus ciudadanos.
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